El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, manifestó la necesidad de “refrescar” a la Sunat y recientemente cambió al jefe del ente recaudador. Entre los factores que llevaron al cambio, está la coyuntura de un creciente déficit fiscal, que pone en peligro la calificación internacional del grado de inversión del Perú. La responsabilidad de esta situación no es absoluta en cabeza del encargado del fisco, pero su conducta silente e, incluso, ajena a la realidad de la economía peruana, sí le otorga una importante parte que asumir.
No cabe duda que la pandemia, con el distanciamiento social obligatorio incluido, así como la tormenta política que sufrió el Perú con la elección de Pedro Castillo y la consecuente recesión; han sido factores que han colaborado para encontrarnos en esta situación tributaria.
Sin embargo, aunque resulte paradójico, a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022, la recaudación tributaria aumentó, no necesariamente por actuación alguna de la Sunat sino por el efecto rebote y el tipo de cambio y, en el 2023, sí hubo una caída en la recaudación por un 6.7%.
Al respecto, creemos que esta menor recaudación tiene sustento en una gestión en “piloto automático” de la Sunat, en la que se ha confiado en la presión tributaria que soporta el sector formal de la economía peruana, dejando de considerar el estrés que se les ha generado colocarlos como el soporte del financiamiento tributario de un país.
Justamente, en igual sentido, se ha pronunciado el Ministro de Economía al señalar que la Sunat no existe en provincias, siendo indispensable que los burócratas se levanten de sus escritorios, se remanguen la camisa e inicien en campo, procesos reales de combate de la informalidad y la defraudación tributaria.
Para iniciar esta tarea, la Sunat cuenta con medios digitales sumamente sofisticados y acceso a la información bancaria y pública de amplios alcances, que le permitirían iniciar una “campaña” de identificación de actividades informales.
Resulta evidente que no nos referimos a aquellos comerciantes o emprendedores de a pie, que si bien son informales, no tienen acceso al mercado formal por sus diminutos resultados económicos. Nos referimos a una serie de actividades generadoras de ingentes ingresos, desarrolladas exprofesamente en un ámbito de informalidad direccionado a defraudar al fisco peruano: agropecuaria y pesca, restaurantes y alojamiento, transporte, transporte y comercio; esto sin considerar otras actividades ilícitas como son la minería y tala ilegal, contrabando y más.
Como se evidencia, la Sunat y su jefatura no han visto necesario atacar la actividad informal, circunscribiéndose al trabajo fácil de presionar al formal, al que tiene RUC, al que tiene domicilio fiscal o cuentas bancarias para poder embargarle. Lo que se debe hacer es lo contrario: perseguir al que no tiene RUC y domicilio fiscal identificado, a los que manejan efectivo, a los que operan fuera del sistema. Esta tarea no es sencilla, pero, lamentablemente, no se ha iniciado con seriedad hasta la fecha.
Incluso, de manera contraria a lo que debería ser, he revisado un comunicado mediático de la Sunat, resaltando su “control” de la emisión de boletas en la venta de bebidas y alimentos en el concierto de un cantante mexicano. Me pregunto, ¿cuál es el mérito? Esta clase de eventos masivos son desarrollados por empresas formales, no siendo extraño el debido cumplimiento tributario.
En vez de invertir tiempo y recursos humanos en el Estadio Nacional, deberían trasladarse a los diversos conos de Lima o provincias y realmente buscar combatir la informalidad.
Considero que luego de casi cuatro años, es momento de implementar nuevas políticas de combate de la informalidad, a través de las cuales se amplíe efectivamente la base tributaria peruana.
Fuente: Diario Gestión
Fecha: 10/03/2024
