Aplicativos de delivery reconocerían derechos laborales a repartidores

También se busca obligar a las empresas de delivery a contratar seguros de salud y de accidentes para los trabajadores que realizar los repartos, así como distribuir utilidades anuales.Con la reapertura de la economía, luego del estricto confinamiento que se tuvo en el país que buscó evitar el avance del Covid-19 en el país, los servicios de delivery fueron claves para los negocios y los consumidores para la compra y venta de productos.Los aplicativos de delivery incrementaron sus servicios en este periodo y hubo un grupo de trabajadores que vieron en este tipo de servicios una opción para conseguir ingresos, en medio de la crisis económica.Ahora, el Congreso ha puesto esta actividad en la mira y ayer en la Comisión de Trabajo se aprobó un dictamen para que las empresas de aplicativos de delivery reconozcan derechos laborales a sus repartidores.Es decir, se dispone que los trabajadores que realizan el servicio por delivery vía aplicativos o por telefonía tengan relación laboral directa con las empresas a las que son asociados y con ello recibirían gratificaciones, CTS, tendrían vacaciones y el empleador deberá asegurarlos en Essalud, tal como indica el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.Seguros y beneficiosPero las empresas de delivery por aplicativos no solo estarán obligadas a poner en planilla a sus repartidores afiliados, sino también deberían asegurar una serie de ”condiciones laborales mínimas”.Así las firmas deberían contratar un seguro de atención de salud para los trabajadores, además de un seguro de accidentes. También asignar a los empleados el 80% o más del costo económico que paga el usuario final por el servicio, equipamiento de protección personal adecuado a la función que realiza, el pago de utilidades anuales de acuerdo a las leyes nacionales vigentes y lo demás que le corresponde de acuerdo a ley.También se dispone que los empleadores deben estar inscritos en el registro nacional de personas jurídicas que recurren al servicio de reparo y distribución de bienes a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de certificar su existencia y legalidad.En caso de incumplimiento de estas disposiciones, se aplicará a las empresas una sanción de carácter muy grave conforme a los lineamientos de la Ley 28806, Ley General de Fiscalización del Trabajo.”Es urgente que se apruebe esta propuesta porque actualmente no existe una normatividad que proteja a estos trabajadores, que en la práctica tienen una relación laboral muy precaria”, señalan en la comisión.Fuente: Diario GestiónFecha: 03/06/2021