El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) aprobó el ‘Plan de Fiscalización en materia de Discapacidad-2025’, con el propósito de maximizar las actividades destinadas a verificar el cumplimiento del marco normativo relacionado con la discapacidad y fomentar su adherencia.
El documento, que se oficializó mediante la Resolución N° D000031-2025-Conadis-PRE, precisa que como objetivos específicos figura contribuir al logro del Objetivo Estratégico Institucional (OEI) de ‘Incrementar el cumplimiento de la normatividad en materia de discapacidad en las entidades fiscalizadas priorizadas de los tres niveles de gobierno y del sector privado’.
Además, resalta, se busca motivar entre los administrados la adopción de acciones propositivas para garantizar el cumplimiento de los imperativos legales en materia de discapacidad, a fin de lograr la igualdad efectiva de las personas con discapacidad.
Equipos
El plan detalla que la Dirección de Fiscalización y Sanciones aprobó la conformación de cuatro equipos especializados de fiscalización denominados Ejes Temáticos y una Unidad de Atención Denuncias, con funciones específicas.
El Eje Temático de Fiscalización en Accesibilidad Universal tratará los asuntos vinculados con las materias de accesibilidad al medio físico, accesibilidad en el transporte y de accesibilidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A la par, figuran los ejes temáticos de Fiscalización en Empleo; de Fiscalización en Presupuesto; y de Fiscalización en Educación; así como la Unidad de Atención de Denuncias sobre obligaciones fiscalizables en discapacidad, anota.
El plan remarca que con la finalidad de ejecutar de manera efectiva el cumplimiento de las metas, se establecieron los criterios con los que la Subdirección de Fiscalización enfocará sus esfuerzos, recursos humanos y financieros para maximizar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las fiscalizaciones a escala nacional.
De esta forma, asegura, se garantizará que se alcancen las metas institucionales y, en consecuencia, la verificación del cumplimiento normativo de la Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPCD), en las entidades priorizadas del ámbito gubernamental y sector privado.
Al respecto, las programaciones de las fiscalizaciones se enfocarán en seis criterios. En el primero, sobre el período fiscalizado, la Subdirección de Fiscalización programará las intervenciones tomando en cuenta su último lapso de supervisión.
El segundo, de descentralización, establece que las acciones se ejecutarán a escala nacional, de modo que cubran progresivamente todo el territorio patrio.
El tercer criterio de consideraciones climáticas se basa en que las intervenciones de campo en las provincias guardarán un orden de atención, teniendo en cuenta el factor climatológico más favorable de la región donde se ubican las unidades fiscalizables.
En cuanto a la priorización de servicios, las tareas de fiscalización se enfocarán en las entidades públicas y/o privadas que brinden atención al usuario, a fin de que las personas con discapacidad reciban un servicio digno en igualdad de condiciones y oportunidades.
En el quinto criterio, por admisibilidad de denuncia, cuando la Unidad de Atención de Denuncias determine la verosimilitud de una denuncia, recomendará a la Subdirección de Fiscalización derivarla al Eje Temático de Fiscalización, a fin de que se brinde la atención correspondiente.
La Subdirección de Fiscalización programará también intervenciones de fiscalización cuando estas provengan por orden superior, subraya el plan como el sexto criterio.
Regiones
El documento indica que los operativos de fiscalización en regiones se configurarán como un mecanismo eficaz de descentralización en la ejecución de la actividad administrativa de fiscalización. Este enfoque pretende obtener información detallada sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables por el administrado en el ámbito de la discapacidad, agrega.
La ejecución de estos operativos no solo se concebirá como una herramienta para medir los avances, sino también cumplirá un papel fundamental en la generación de una caracterización exhaustiva de cada localidad.
La información recopilada en estos procesos ofrecerá una visión holística de las particularidades y desafíos específicos que enfrenta cada región en términos de cumplimiento de las normativas en materia de discapacidad.
En consonancia con esta estrategia, para el ejercicio fiscal 2025 se proyectan intervenciones en 10 regiones, con un mínimo de 78 provincias fiscalizadas a lo largo y ancho del territorio patrio.
Identificación
El ‘Plan de Fiscalización en materia de Discapacidad 2025’ señala que la Subdirección de Fiscalización identificará las entidades que se supervisarán, tomando en cuenta el período de su última intervención, cuyo resultado será el informe de fiscalización.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245 del Texto Único Ordenado (TUO) de la LPAG, este último documento podrá concluir con la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado; o la recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
La Subdirección de Fiscalización identificará también las entidades que recibirán una orientación, tomando en cuenta el nivel de gobierno; la última intervención realizada; o por disposición superior, detalla el plan.
El documento subraya que estas fiscalizaciones permitirán identificar el nivel de cumplimiento, así como el compromiso asumido por el administrado a fin de que realicen las acciones correctivas correspondientes.
Cifra
778 intervenciones de fiscalización ejecutará el Conadis en el 2025, focalizándose en los cuatro ejes temáticos.
Fuente: El Peruano
Fecha: 16/02/2025
